El 13 de mayo del presente, tuvo lugar una importante reunión de trabajo entre el C. Subsecretario Lic. Héctor René García Quiñones por la Secretaría de la Reforma Agraria, el C. Ing. Moíses Kolteniuk Coordinador General de Minería de la SECOFI, el C. Lic. Armando López Nogales Gobernador del Estado de Sonora, el C. Gustavo Montalvo Pompa Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, el C. Héctor Ronaldo Villarreal, representante regional de la S.R.A. entre otros funcionarios. Evento este, que se realizó en el Salón Constitución del Palacio de Gobierno, en Hermosillo, Sonora.

En dicha reunión se formó un Grupo Interdisciplinario para avocarse al diagnóstico y solución de los problemas que confronta actualmente el sector minero en Sonora, relacionados con el sector social.

En la reunión estuvo el C. Gobernador del Estado quien expresó "el Gobierno del Estado es el primer interesado en que los problemas que actualmente se confrontan en relación a la actividad minera, sean resueltos con un espíritu de equidad y justicia".

En esta Jornada de Trabajo, se dejó sentir una amplia voluntad de participación tanto del sector oficial como de los representantes de diversas empresas mineras, constatándose un claro deseo de analizar a fondo la problemática minera, principalmente en lo que se refiere al grave conflicto que genera la dualidad del Derecho Superficiario y el Derecho de Concesión y/o Exploración del Subsuelo. A lo que se añade la intervención de terceros que en ocasiones, por afán de lucro crean situaciones que inciden negativamente en la actividad minera.

De entre los aspectos analizados, destaca sobremanera lo relacionado con el desconocimiento que existe entre los superficiarios acerca de la Ley Agraria actual y la Ley Minera, hasta dónde llega su derecho sobre la tierra y cuales otros derechos tiene, derivados de la posesión y usufructo de la misma. De igual forma desconoce los derechos del concesionario y la obligación que tiene éste ante el Estado para iniciar sus trabajos de exploración o explotación en un plazo no establecido.

De hecho, casi todos los ponentes de la problemática de sus respectivas empresas, coincidieron en este punto al señalar que existe mucha desinformación, en sus tratos con los ejidatarios o con los pequeños propietarios, principalmente por su creencia de estos, de que son dueños de la tierra, tanto de su superficie como del subsuelo.

Tal es la situación de algunas compañías, como el caso de Geomaque, por mencionar alguna empresa, donde sienten que el problema más crítico que enfrentan es la de la carencia de información entre los ejidatarios, quienes creen que el subsuelo y lo que este contiene en minerales, es de ellos.

La cuestión se agrava cuando los ejidatarios toman acuerdos con consultores externos, principalmente con abogados, quienes en pocas ocasiones los desinforman todavía más y provocan que los ejidatarios empiecen a exigir sumas exhorbitantes por servidumbres de paso, por ocupación del lugar donde iniciarán trabajos de acondicionamiento para la explotación del mineral y cuyo inicio en un plazo determinado lo exige por ley la concesión minera, como parte de las condiciones al otorgarse, o bien impiden que se lleven a cabo exploraciones, trazados de caminos, etc.

Se dan casos, como ocurre en Mulatos, ubicado en la Sierra de Sahuaripa, en que cubriéndose los pasos exigidos por las Leyes Agraria y Minera, así como firmados los convenios pertinentes por la mayoría aprobatoria y en Asamblea Ejidal, y no obstante, la minoría disidente que nunca falta, se convierte pronto en el gran problema, con la ayuda de abogados consultores externos.

Este caso de Mulatos, uno entre once casos con problemática aguda, no deja de ser aleccionadora, en Noviembre de 1995, se firmó convenio con los ejidatarios, posesionarios de la superficie donde se ubica el mineral, habiendo autorizado la autoridad respectiva, 2 mil 630 hectáreas de la que 2 mil son para la exploración y 630 para las instalaciones de la mina.    A los superficiarios ejidatarios, se les dan 5 ó 6 veces más de lo que establecen las bases de la Ley Minera, en este caso la empresa les da 300 mil dólares anuales, además de proporcionarles servicios médicos en los que cada semana acude un médico a dar consulta y cuentan con una enfermera de planta. A esto se añaden ayudas en el mantenimiento de edificios escolares, así como capacitación a los potenciales trabajadores existentes en los Municipios cercanos, como Bacanora, Sahuaripa, Arivechi y Yécora, pues se piensa contratar al 60% de una plantilla consistente en 300 empleos.    No obstante esto, resulta que desde 1995, un pequeño grupo de 13 ejidatarios no estuvieron de acuerdo con el convenio y se rehusaron a firmar los acuerdos de la asamblea ejidal respectiva, no conformes con ello, pasaron a desarrollar acciones que han venido entorpeciendo y hasta paralizando en algunas ocasiones los trabajos de exploración con los consiguientes perjuicios que esto representa. Actualmente ese bloqueo se ha intensificado, como forma de presión y bajo la asesoría de abogados, ante la posibilidad de obtener sumas exhorbitantes.

Cabe señalar que la inversión considerada en este proyecto, comprendía un monto de 25 millones de dólares que hasta ahora considerando las posibilidades del área que se ha logrado explotar, es posible que se incremente entre 5 y 10 millones más, con lo que se ampliará la generación de fuentes de empleos directos e indirectos para la región, se propiciará el arraigo de la población que ante la falta de oportunidades de trabajo se ven obligadas a emigrar a las ciudades, pasando a agravar los problemas en éstas en cuanto a demandas insatisfechas de servicios urbanos.

También en muchos casos de conflictiva y problemática desalentadora se ha notado el denominador común de la presencia de "asesores legales" de los ejidatarios, que al plantear exigencias monetarias fuera de toda cordura, no se dan cuenta que en su codicia, terminan perjudicando a una o varias comunidades.

Las diversas autoridades que intervinieron, se preocuparon por todas estas problemáticas planteadas en los once casos, señalando que algunas veces la falta de información se daba en ambas partes, como por ejemplo, al hacer la exploración con base en mapas y que no hay un punto, definido, no se sabe siquiera a que ejido o ejidos involucra esa área de su interés del minero. En otras, se subestima la labor de informar, convencer y buscar acuerdos con los superficiarios y apoyándose con las autoridades agrarias o las mineras, según el caso, también por falta de información o experiencia de los concesionarios.

Esto sin desconocer, los aspectos negativos de las acciones que emprenden los superficiarios, deslumbrados por el monto de las inversiones y que al no estar informados de que la tecnología actual requerida por la minería, para estar en condiciones de competitividad, es altamente absorbente de recursos financieros, suponen que las empresas cuentan con tanto capital como para satisfacer sus más descabelladas sumas pedidas por compensaciones, indemnizaciones, etc.

También se hizo mención sobre la inquietud de que se pudiera incluir como parte de la concesión, la titulación a favor del concesionario, del área superficial, con carácter de devolutivo al finalizar la explotación del o los yacimientos, indicándose que este planteamiento genera grandes polémicas y resistencias, por lo que era preferible implementar salidas más prácticas, como la negociaciones adecuadas, que estadísticamente se han dado más resultados positivos que negativos. En el mismo tenor se plantea la cuestión de otorgar la certidumbre de paso que no se contempla tampoco en la concesión, dejándose esto a la negociación entre las partes y que se vuelve fuente de conflictos.

Se mencionó que dadas las circunstancias actuales, es el momento oportuno para revisar convenios, limpiarlos de confusiones, hacerlos más precisos con la finalidad de que más adelante no se preste a que surjan unos vivales que por fallas humanas al momento de redactar ó requisitar un convenio trate de invalidarlo con la ley en mano y presionar para que les den la suma anormal que piden en dóalres, en calidad de "negociación" y cuyo nombre correcto sería el de extorsión.

Para las autoridades, su posición tiene que ser objetiva y de conciliación, ponderaron el hecho de que al existir cierta desinformación en ambas partes, se precisa profundizar y difundir más los alcances, las limitaciones y las alternativas de procedimiento que las Leyes Agrarias y Mineras contienen y de esta manera con todo el rigor de análisis que se requiera precisar donde y de que manera se presentan ineficiencias, inexactitudes ó ambigüedades en esos cuerpos normativos, para proponer los cambios que se consideren necesarios, sin perder de vista el punto de vista ético y de justicia y sobre todo, las soluciones prácticas.

Mundo Minero
Junio de 1998

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